La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo solicitó recientemente que se endureciera el proyecto de normativa comunitaria contra la tala clandestina, para garantizar que toda la madera importada en la UE bajo cualquier forma tenga origen legal. Con este fin, este órgano adoptó casi por unanimidad un informe que aboga por responsabilizar jurídicamente a todos los operadores de la cadena de abastecimiento de la madera.

De acuerdo con el Parlamento Europeo, la tala clandestina es la causa principal de la deforestación que, a su vez, es el segundo mayor factor de emisiones de carbono en el mundo, detrás de la producción de energía eléctrica. El corte ilegal de árboles genera casi una quinta parte del CO2 que se emite. Asimismo, entre un 20 y un 40 por ciento de la producción mundial de madera es ilegal, según aseguró la eurodiputada verde Caroline Lucas.

El informe (aprobado con 54 votos a favor, uno en contra y una abstención) afirma que todos los operadores de la cadena de abastecimiento tendrían que «compartir la responsabilidad de eliminar el riesgo de que se introduzca en la UE madera obtenida ilegalmente o productos derivados». Por lo tanto, solicitan endurecer la propuesta legislativa de la CE que sólo impone obligaciones a quienes pongan la madera en el mercado.

El estudio también pide que las futuras sanciones contra los proveedores de madera ilegal sean proporcionadas al perjuicio ambiental y económico que causen. Sobre esta decisión aún tiene que pronunciarse de forma vinculante el pleno del Parlamento Europeo (en principio, en abril), así como los ministros de Medio Ambiente. Además, el texto pide que las sanciones previstas contra los proveedores de madera ilegal asciendan «como mínimo a cinco veces el valor de los productos obtenidos a través de una infracción grave», y se incrementen en caso de reincidencia.

También se reclama el establecimiento de un sistema de auditoría que imponga a los operadores del comercio de madera medidas para «reducir al mínimo» el riesgo de importación de productos ilegales en la UE. Sin embargo, este sistema sólo se aplicaría, como ya apuntábamos, a los operadores que pongan la madera en el mercado.

No obstante, el informe solicita a la Comisión Europea que identifique algunas categorías de madera o de proveedores «de elevado riesgo», y las someta a una auditoría adicional. De acuerdo con el texto, la madera podría ser calificada de elevado riesgo cuando proceda de «países en los que haya información coherente y creíble acerca de importantes faltas en la aplicación del derecho forestal» o «un elevado nivel de corrupción».

El informe exige también que los operadores del sector informen sobre el lugar de procedencia del producto, así como sobre su proveedor o comprador. El texto contiene, además, un llamamiento a las autoridades competentes para que lleven a cabo controles en la cadena de abastecimiento de la madera, y apliquen, cuando haga falta, medidas como «la incautación del producto ilegal» y el «cierre de la actividad comercial» de los infractores.

La Comisión de Medio Ambiente rechazó una enmienda que hubiera exentado de esta normativa la madera importada en la UE como biomasa para la producción de energía. «Las normas -sostiene el informe- deberían aplicarse a todos los productos que puedan contener madera de origen ilegal, sin excepciones».